Con mucha alegría, invitamos a todo el mundo a leer la propuesta “Política Fiscal y Apoyo a las Familias en la Pandemia” coordinada por el Colegio Médico de Chile, y que convocó a destacados economistas de la escena nacional. En la propuesta, participó la directora del Centro de Economía y Políticas Sociales, Claudia Sanhueza, en conjunto con José De Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés.
En resumen, la mesa de trabajo se orientó en torno a la elaboración de un conjunto de propuestas específicas que el gobierno debería tomar para mitigar los efectos económicos de la pandemia. En específico, se propone:
- Que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) a fines de marzo --USD 12 mil millones o 5% del PIB-- como marco de referencia para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado por el gobierno y su regla fiscal.
- Gastar, cada mes y en promedio, USD 670 millones por encima de lo ya comprometido, y que se podría financiar paquetes de ayuda importantes a las familias. La aplicación del programa debe ser flexible y pragmática, acorde a cómo vayan cambiando las necesidades en el tiempo, y debe otorgar facultades al gobierno para ir adaptándolo. También debe ser transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía y al Congreso. Estos apoyos monetarios a las familias deben ser estables mientras dure la etapa de contención de contagios de modo de facilitar las cuarentenas y el distanciamiento. Ellos deben retirarse gradualmente sólo en combinación con una apertura progresiva de la economía. Más adelante, los recursos deben utilizarse para estimular la demanda agregada y contener el desempleo.
- Los trabajadores formales deben acceder a los recursos que dispone el seguro de cesantía de acuerdo a los mecanismos dispuestos en la Ley de Protección del Empleo. Los beneficios deben mantenerse en una fracción fija del salario mientras dure la contención de contagios. Un 60% del salario permite a las familias del tercer quintil financiar sus gastos más necesarios.
- Las familias cuyos ingresos son mayormente informales y aquellas que no tienen acceso al seguro de cesantía deben recibir apoyos estatales. Los recursos propuestos permiten financiar bonos de $300 mil al mes para familias de cuatro integrantes. Se debería cubrir al 80% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares.
Esta iniciativa se enmarca en una trayectoria de largo aliento construida por Claudia Sanhueza de participación en política pública, que ha incluido la presidencia del Consejo Consultivo Previsional, la participación en la Comisión Asesora Presindecial sobre el Sistema de Pensiones (Comisión Bravo) y el trabajo en diversas comisiones de expertos.
