Según la encuesta Termómetro Social (octubre 2019), el 91% de la población pone a pensiones y jubilación como la demanda de mayor importancia, y 49% como primera prioridad de reformar. Esto no son pulsiones emocionales, sino realidad. El 50% de las 743.000 pensiones autofinanciadas (del sistema de AFP) pagadas en septiembre de 2019 fueron menores a $134.800 ($154.000 con el APS -Aporte Previsional Solidario-). Para las 30.000 personas que cotizaron 35-40 años, 50% son menores a $458.000 (con y sin APS).
La Constitución del 80 asegura en su texto el derecho a la seguridad social (art. 19, número 18), aunque a esta Carta no le simpatiza el Estado si puede obligar a contribuir. Adicionalmente, un sistema de seguridad social cuenta con los principios de la solidaridad y la suficiencia (entre otros). El primero, “cada persona debe realizar un aporte de acuerdo con su capacidad económica para que, junto con el aporte de los demás, pueda luego enfrentar los estados de necesidad que él mismo pueda sufrir”. El segundo, “las prestaciones deben asegurar la continuidad y mantenimiento de la capacidad de consumo del afectado por el riesgo o contingencia social” (Silva Gallinato, 2017). Es decir, estamos obligados por ley a cotizar en las AFP (DL 3500), aunque éste no es un sistema de seguridad social. Lo que sí corresponde a seguridad social es el pilar no contributivo (“Sistema de Pensiones Solidarias”, SPS, Ley 20.255).
En este sentido, creo que se debe avanzar en: 1) Usar el 4-5% de cotización del empleador para la creación de un sistema público (autónomo) de seguridad social en el pilar contributivo (nueva Ley), que puede hasta duplicar el gasto en pensiones autofinanciadas hoy (complementando con cotización para fondo de reserva). 2) Universalizar el pilar no contributivo (SPS) al 100% de quienes no han cotizado, con el aumento correspondiente del APS para evitar los desincentivos a cotizar (alternativamente extender PBS a toda la población y eliminar el APS). Esto aumentaría el gasto público en pensiones en aproximadamente 1,5% del PIB, que se puede financiar con el 1,58% del PIB que aún gastamos en el sistema antiguo que irá gradualmente desapareciendo. 3) Destrabar la obligatoriedad de cotizar en las AFP (necesita de 3/5 del Congreso) con la creación de una alternativa pública (autónoma) de ahorro colectivo (con redistribución de riesgos y subsidios), que permita a las personas elegir no ahorrar en las actuales AFP, o como en Uruguay, dejar la obligatoriedad de ahorro individual de una parte de la cotización solo para quienes tienen ingresos más altos.
Todo esto puede terminar en el Tribunal Constitucional y perder, pero no es inconstitucional en estricto rigor, ya que permite crear contribuciones obligatorias y sí se le da autonomía a “lo público”. Todo esto podría significar un avance político y social significativo hoy.
