La geografía de la desigualdad y del poder
Por Rodrigo Pérez y Diego Sandoval
Según un estudio del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones donde el índice de desigualdad es igual o superior al promedio nacional. La presente columna le pone números a esa relación “desigualdad-conflicto”. Según el cálculo exploratorio propuesto por los autores, y considerando el carácter multidimensional de los orígenes del conflicto social, “reducir la desigualdad de Chile de 0,49 a 0,43 (GINI) podría significar una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional”.
Ya está establecido en la discusión pública que Chile es un país desigual. Cálculos simples del coeficiente de Gini muestran que este es uno de los países con mayores niveles de concentración de la riqueza al interior de la OCDE (OCDE, 2019); además, se encuentra por sobre todos sus vecinos directos en América del Sur (Argentina, Perú, Bolivia), de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial. [1] Chile es también el segundo país de la OCDE con la mayor brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, solo detrás de México. Más aún, el Gini de ingresos en Chile, el que se estima en 0,49 para el año 2017 según el Ministerio de Desarrollo Social, se ha mantenido prácticamente inalterado a lo largo del tiempo (era 0,50 en 2006), lo que indica que pese a que el problema no es nuevo y a que los beneficios de tener una sociedad más equitativa están ampliamente documentados (ver por ejemplo, el informe de la propia OCDE al respecto titulado In it together: why less inequality benefits all, publicado el año 2015), pocos avances importantes se han realizado con miras a reducirla.
A pesar de esta evidencia, los datos sobre desigualdad comúnmente se relativizan frente a las percibidas bondades del modelo económico.
En estos párrafos, se busca hacer una descomposición un poco más profunda de evidencia nacional sobre desigualdad para entregar perspectivas acerca de la concentración de ingresos, su dimensión territorial y su eventual rol en el conflicto social.
Un dato elocuente en relación a la importancia de la desigualdad nacional es el porcentaje del total de los ingresos que perciben las personas que se encuentran al tope de la distribución. La relevancia viene dada porque son precisamente estas personas que concentran altos niveles de ingresos, quienes adicionalmente ejercen una influencia importante en las decisiones y en el diseño de políticas que finalmente los terminan favoreciendo a ellos mismos.
A modo de ejemplo, Gillens (2012) demuestra cómo los políticos estadounidenses responden de forma casi exclusiva a las preferencias de aquellos con los mayores ingresos, con excepción de algunos episodios en que el voto de los menos aventajados es relevante para, por ejemplo, decidir una elección. Hacker y Pierson (2011) sugieren que la política norteamericana ha sido secuestrada por los superricos. La pregunta que cabe hacerse es: ¿hasta que punto esto mismo está sucediendo en Chile? y, más aún, ¿cuánto de esto puede ayudar a explicar el descontento social expresado en las movilizaciones sociales del último tiempo? ¿Cuánto poder concentran realmente los más ricos en Chile?
A modo de contexto, el economista francés Thomas Piketty publicó en el año 2013 el influyente trabajo “Capital en el Siglo XXI”, donde describe cómo aquellos ubicados en el 10% más alto de los ingresos han capturado una proporción creciente del ingreso total de la economía, sobrepasando el 45% de todos los ingresos en Estados Unidos. De manera similar, el académico también encontró que en este mismo país el 1% más rico cada vez logra obtener un pedazo más grande de la “torta”, llegando a alcanzar niveles de hasta el 20% del total de ingresos. Posteriores intentos de actualización de esta información (ver Piketty et al. 2018) no han logrado modificar las tendencias ni las conclusiones: aquellos al tope de la distribución de ingreso son cada vez más ricos y, si creemos en la argumentación de Gillens, entonces ejercen cada vez más poder sobre la política. [2]
Como es de esperar, el caso chileno no difiere mucho de la experiencia internacional y particularmente de la de Estados Unidos, uno de los países donde este fenómeno se da con mayor intensidad. De acuerdo a estimaciones de Atria et al. (2019), en nuestro país el 1% más rico captura cerca del 17% de los ingresos fiscales, mientras que el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos. Peor aún, estas cifras parecieran ser estimaciones conservadoras: cuando se incluyen las ganancias no distribuidas de las empresas (ganancias retenidas al interior de las firmas) las cifras resultan aún más alarmantes: solo el 1% del país percibe alrededor del 24% de todos los ingresos generados (Atria et al. (2019).
Una forma alternativa de observar este fenómeno es preguntarse: ¿cuánto de la desigualdad que hoy observamos en Chile es atribuible al 1% más rico? El método más simple de responder esta pregunta es tomar los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) y calcular el Gini con el 100% de los individuos y luego repetir el ejercicio excluyendo al 1% más rico. [3] La diferencia entre ambas medidas informa el nivel de desigualdad que aporta exclusivamente ese 1% o, dicho de otra forma, cuanto más equitativa sería la distribución de ingresos en Chile si el país estuviera conformado únicamente por los primeros 99 centiles.
Utilizando datos de la CASEN para los años 2009 a 2017, los resultados de este ejercicio indican que alrededor del 11% de la desigualdad (medida a través del coeficiente de Gini) es exclusivamente atribuible al 1% más rico (ver Tabla 1).
A pesar de que estas cifras pueden ser informativas, siguen escondiendo una heterogeneidad territorial de la que pocas veces se habla. La reflexión respecto a las especificidades de los territorios es fundamental para comprender la profundidad de la centralización en Chile, y asimismo para explorar la relación existente entre conflicto social y concentración de la riqueza.
A modo de ejemplo, el Gini de la Región Metropolitana para el año 2017 es de 0,50, levemente por sobre el de Chile (0,49), pero muy por sobre el de otras regiones, tales como la de O’Higgins (0,40), Arica y Parinacota (0,41), Tarapacá (0,42) y Antofagasta (0,43). De hecho, el segundo lugar del ranking de desigualdad en Chile lo ocupan La Araucanía, Aysén y Los Ríos, todas con coeficientes de Gini de 0,47, lo que constituye una diferencia no menor respecto de la Región Metropolitana y del promedio nacional.
Por más impactantes que sean los resultados expuestos anteriormente, la real diferencia en los niveles de desigualdad se observa cuando repetimos el ejercicio de aislar el efecto del 1% más rico sobre el coeficiente de Gini para cada región. La Región Metropolitana no solo es la región más desigual del país, con niveles superiores al de Chile para todos los años observados, sino que también es la región donde el 1% más rico ejerce mayor influencia sobre dicha desigualdad. Si a nivel nacional el 1% explica el 11% de la desigualdad, en la RM ese 1% explica cerca del 15% de toda la desigualdad de la región en el período 2009-2017. Nuevamente, si en la RM la desigualdad medida por el Gini alcanza el 0,50 en 2017, de excluir al 1% más rico la desigualdad llegaría a 0,43. Por otra parte, las regiones del Norte Grande y la de O’Higgins, que son aquellas con menores índices de desigualdad, son también aquellas donde el 1% más rico ejerce menos influencia en la producción de esa desigualdad. La Tabla 2 presenta el ranking de desigualdad a nivel regional considerando el 100% de la población respectiva, y cuál es el aporte promedio del 1% más rico en la generación de la misma.
Una vez hecho el diagnóstico inicial, es imperativo generar herramientas más precisas y profundas que nos permitan complejizar los cuestionamientos que nos hacemos cuando nos referimos a la desigualdad. ¿Es esta una discusión que concierne principalmente a quienes viven en la Región Metropolitana, pero que omite la presencia de otros fenómenos y problemáticas más urgentes a resolver en otras partes del territorio nacional? ¿Puede existir alguna relación entre los niveles de conflicto que se observan en el territorio, la desigualdad y el porcentaje de la desigualdad que explica el 1% más rico? Si es que el 1% más rico no solo ostenta el poder económico, sino que también utiliza dicho poder para influir en la política (en desmedro de quienes se encuentran más abajo en la distribución de ingresos), entonces es probable que dichos territorios experimenten un mayor número de conflictos sociales.
De acuerdo a la información del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES, 2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante (acciones contenciosas en el lenguaje del texto original) se producen en las regiones de Aysén, Atacama, Los Ríos, Arica y Parinacota, y Magallanes, todas regiones donde los índices de desigualdad son iguales o superiores al promedio nacional (0,45) con la excepción de Arica y Parinacota. La Araucanía, la segunda región más desigual del país, sigue en la lista como la séptima región con mayores niveles de conflicto, según al informe de COES (Figura 1).
De hecho, los autores de dicho estudio estiman que cada punto adicional (0,01 en el rango 0 a 1) de incremento del coeficiente de Gini incrementa en 3% la probabilidad de conflictos o acciones contenciosas.
Para efectos de nuestro ejercicio inicial, esto implica que reducir la desigualdad de 0,49 a 0,43 para Chile o de 0,50 a 0,43 para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM. Si bien esta operación aritmética no se acerca a ser una aproximación exhaustiva para comprender los determinantes del conflicto social, logra dejar ver una tendencia clara que puede entregar luces respecto a alguno de los orígenes del descontento del país.
Existen diversas razones por las que podríamos argumentar a favor de reducciones en los niveles de desigualdad que exhibe el país, desde juicios morales y éticos, hasta elementos puramente prácticos como son los efectos que produce sobre el crecimiento, el tejido social, y la concentración del poder político (además del económico). Parece existir una relación bastante directa entre los niveles de desigualdad sobre la ocurrencia de conflictos, que tiene que ser estudiada con mayor profundidad.
Evidentemente, este no es un ejercicio que apunte a eliminar el 1% más rico de la población. Sin embargo, en la coyuntura histórica que vivimos hoy día, es necesario generar una discusión reflexiva e informada sobre la redistribución efectiva de la riqueza que generamos como país, donde el clasismo, la acumulación y la segregación han permeado profundamente las interacciones entre sujetos y hoy, parecieran ser parte central del motor que alimenta el conflicto social.
REFERENCIAS
Atria, J. Flores, I. Sanhueza, C. y Mayer, R. (2019) Top incomes in Chile: a historical perspective of income inequality (1964-2015). WID Working Paper N 2018/11.
COES (2018) Informe annual. Observatorio de Conflictos 2018. Nota COES de política pública N 17, Noviembre 2018.
Fairfield, T. (2015) Private Wealth and Public Revenue in Latin America: Business Power and Tax Politics. Cambridge University Press, Reino Unido. https://doi.org/10.1017/CBO9781316104767
Gillens, M. (2012) Affluence & influence. Economic inequality and political power in America. Princeton University Press, Oxford.
Hacker, J.S. y Pierson, P. (2011) Winner-take-all politics. How Washington made the rich richer – and turned its back on the middle class. Simon & Schuster, USA.
OCDE (2015). In it together: why less inequality benefits all. OECD Publishing, Paris.
OCDE (2019). Society at a glance 2019: OECD Social Indicators. OECD Publishing, Paris.
Piketty, T. (2013) Capital in the twenty-first century. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
Piketty, T. Saez, E. y Zucman, G. (2018) Distributional national accounts: methods and estimates for the United States. Quarterly Journal of Economics 133(2): 553-609.
Fuente original: CIPER Chile (publicado el 26 de febrero de 2020)
